Desde las oficinas de Hacienda hasta los gabinetes, la inteligencia artificial ya está traspasando la línea entre el servicio y la soberanía.
Una nueva ministra se ha unido al gabinete de un pequeño país europeo. Se llama Diella. No come, bebe, fuma, camina ni respira, y, según el primer ministro que la contrató, tampoco acepta sobornos. Diella no es humana, ni tampoco un robot: es un algoritmo. Y desde septiembre, es oficialmente ministra de Contrataciones Públicas de Albania.
Por primera vez en la historia, un gobierno ha otorgado un puesto a nivel de gabinete a la inteligencia artificial.
Suena a ciencia ficción, pero el nombramiento es real y ha sentado un precedente.
¿Estás listo para ser gobernado por la IA?
El experimento albanés
Hasta hace poco, Diella vivía discretamente en el portal de gobierno electrónico de Albania, respondiendo preguntas rutinarias de los ciudadanos y obteniendo documentos.
Luego, el primer ministro Edi Rama la ascendió a ministro, encargándole algo mucho más importante: decidir quién gana los contratos estatales, una función que vale miles de millones de dólares en fondos públicos y es conocida por sus prácticas de soborno, favoritismo y comisiones políticas.
Rama ha presentado a Diella como una ruptura total con el historial de corrupción del país, llegando incluso a calificarla de "inmune a los sobornos".
Pero eso es retórica, no una garantía. No está claro si su resistencia a la corrupción es técnica o legalmente exigible. Si fue hackeada, envenenada con datos falsos o sutilmente manipulada desde dentro, podría no haber rastros.
¿Quién está cediendo el poder al código y hasta dónde han llegado?
Albania puede ser el primero en incorporar un algoritmo junto a los ministros, pero no es el único país que intenta integrar el código en el Estado; la mayoría lo hace discretamente, fragmentadamente y tras una cortina de humo.
En los Emiratos Árabes Unidos, ya existe un Ministro de Estado para la Inteligencia Artificial —un humano, Omar Sultan Al Olama— encargado de reestructurar toda la burocracia digital del país en torno al aprendizaje automático. No ha cedido el poder a la IA, pero está construyendo las vías que algún día podrían transportarla.
España ha creado AESIA, una de las primeras agencias europeas dedicadas a la supervisión de la IA, para auditar y licenciar los algoritmos utilizados en el gobierno. Se trata de un esqueleto regulatorio: el tipo de andamiaje legal que se desearía tener antes de permitir que una máquina se acerque al puesto de un ministro.
Las autoridades fiscales van aún más lejos. En Estados Unidos, el IRS utiliza IA para examinar las declaraciones de fondos de cobertura y sociedades de gran envergadura, intentando detectar esquemas de evasión ocultos. Canadá evalúa a los contribuyentes mediante algoritmos y obliga a las agencias a presentar informes de "impacto algorítmico" antes de implementar nuevos modelos. España está implementando herramientas para detectar patrones de fraude en tiempo real. Italia está probando el aprendizaje automático para detectar declaraciones falsas de IVA e incluso ha creado un chatbot para sus auditores. India afirma estar intensificando las medidas represivas basadas en IA contra las deducciones fantasma. Y Armenia está probando sistemas que escanean facturas y detectan comportamientos sospechosos incluso antes de que un humano las vea.
Francia se ha vuelto visual, utilizando algoritmos para detectar imágenes aéreas de piscinas no declaradas y sorprender a los propietarios con facturas de impuestos sorpresa: prueba de que la IA ya puede transferir dinero de los ciudadanos al Estado. Letonia gestiona un chatbot fiscal llamado Toms que responde a las preguntas de los ciudadanos desde 2020, ampliando el alcance de su burocracia. La agencia de inversión rural de Rumania ahora utiliza automatización de procesos robóticos e inteligencia artificial para extraer documentos de bases de datos estatales y otorgar fondos de la UE a los agricultores: algo poco glamoroso, pero muy efectivo.
Mientras tanto, Estonia, Dinamarca, Singapur, Corea del Sur y Japón están integrando la IA en su maquinaria burocrática: clasificando el contenido gubernamental, priorizando casos, personalizando servicios e incluso prediciendo quién podría necesitar atención médica o asistencia social. Estonia lo llama KrattAI: una visión en la que cada ciudadano se comunica con el gobierno a través de una única interfaz de voz. Dinamarca se prepara para implementar herramientas de IA en todos los servicios públicos, a pesar de que grupos de derechos humanos advierten sobre la opacidad de los algoritmos de asistencia social. La unidad GovTech de Singapur está desarrollando productos de IA para ministerios. Corea del Sur está implementando pruebas piloto de IA en programas sociales. Japón está impulsando la adopción en todo el sector de la salud y la administración.
Y en Nepal, el gobierno ha dejado de hablar de "si" y ha comenzado a planificar "cómo". Su nueva Política Nacional de IA establece un camino para incorporar el aprendizaje automático a los servicios públicos, modernizar la burocracia y establecer barreras legales antes de implementarlo a gran escala. Ningún algoritmo tiene poder de decisión allí, todavía, pero el plan ya existe.
Mire donde mire, el Estado se está reconfigurando, línea a línea de código.
Por ahora, estos sistemas susurran en lugar de dictar normas: alertan sobre riesgos, rellenan formularios previamente, clasifican auditorías y gestionan fondos. Hasta ahora, solo Albania ha solicitado la decisión de un algoritmo.
¿Son los gobiernos con IA el futuro?
Actualmente, ningún país ha cedido todo el poder político a un algoritmo: lo que existe es una especie de mundo de dos vías.
La mayoría de los estados utilizan IA administrativa, la silenciosa: calificación de riesgos, detección de fraude, triaje de casos o chatbots. Esta ya determina quién es auditado, la velocidad con la que se gestionan las subvenciones y qué expedientes llegan primero al escritorio de un funcionario. No redacta leyes ni firma contratos, pero impulsa los resultados de forma invisible y constante.
Albania es diferente. Diella no solo asesora, sino que se supone que debe premiar, decidir quién recibe el dinero público. Esto cruza la línea entre el algoritmo como herramienta y el algoritmo como autoridad.
¿Podría ser este el futuro? Posiblemente, pero solo si se dan varias circunstancias improbables. La ley tendría que ponerse al día, creando normas claras sobre responsabilidad, recursos e incluso la destitución. Los reguladores tendrían que actuar, con auditorías reales como la AESIA de España, en lugar de auditorías de papel. Y los modelos tendrían que mantenerse estables bajo presión, sin chantaje, sabotaje ni descontrol ante amenazas, como algunos ya han hecho en pruebas de laboratorio.
Aún no hemos llegado a ese punto, pero el precedente ya existe.TraduccionMaEl-BLV
FUENTEMaEl. 15Sept-2025 RT-News
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